lunes, 17 de noviembre de 2014

En el parque nacional La Restinga en la Isla de Margarita, los planes habitacionales y viales son la preocupación diaria de los ambientalistas.

La Restinga está amenazada por falta de control en obras

Temen que Inparques sea traspasado al Ministerio de Turismo | Foto: Archivo El Nacional
Temen que Inparques sea traspasado al Ministerio de Turismo | Foto: Archivo El Nacional
Iniciaron un proyecto habitacional y de construcción de un puente que no contemplan el impacto que causan en el ecosistema
En el parque nacional La Restinga los planes habitacionales y viales son la preocupación diaria de los ambientalistas. En el sector Portillo de Leonardo hay una población originaria de unas 50 familias a las que actualmente se les están construyendo nuevas viviendas. “Se jugó con la necesidad social del pueblo”, dice Edgar Chacón, activista ecológico y artista plástico que ha recibido varias amenazas por sus denuncias.
El desarrollo habitacional para el que el consejo comunal recibió 20 millones de bolívares comenzó el año pasado. Este fin de semana el ministro de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitar, Ricardo Molina, inauguró 6 de las 48 viviendas que se construirán en el sector e instaló el Órgano Superior de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
La obra habitacional viola los decretos 276, 3116 y 1257 de ordenamiento y uso del parque que prohíben la entrada de maquinaria pesada dentro del parque, el movimiento de tierra y que solo permite la remodelación de las viviendas existentes e impide la construcción de nuevos urbanismos, advierte Chacón.
El pueblo, que existía antes de que se decretara la zona como parque nacional, está asentado en lo que llaman la barra, una franja de arena que une las dos partes de la isla Margarita, y que es una de las playas más largas del mundo con una extensión de 28 kilómetros. "Cada vez que pasa un camión esto tiembla como una gelatina, las casas de mueven. Esto no soporta maquinaria", dice Ismael Fernández, habitante de Portillo de Leonardo con 46 años en el sector. 
El vecino es de los que se niega a que le tumben su casa. Aspira a una remodelación. "A los que les tumbaron la casa van a pasar las Navidades en un ranchito en la playa. Dijeron que inauguraron 6 casas, pero solo fue una y tumbaron 12 y más de 100 matas de coco para las obras". 
El parque también se enfrenta a otro desarrollo que comenzó sin control: el segundo puente sobre La Restinga. Las maquinas comenzaron a mover tierra el año pasado y la promesa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que estaría listo este mes. Después de tres cambios del proyecto, aún no se presenta el estudio de impacto ambiental ni se ha sometido a consulta pública. La obra tampoco está lista
El ministerio de Transporte y Obras Públicas se reunió con la comunidad, seis meses después de que las maquinarias comenzaron a mover la tierra. Chacón asegura que para ese momento ya se habían talado 1.600 metros de manglar rojo, protegido por el convenio internacional Ramsar (Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) al que Venezuela se adhirió en 1996.
El ambientalista asegura que la construcción de un segundo puente pasa por encima de la Ley de Zonas Costeras, la Ley Penal del Ambiente, la Ley Orgánica del Ambiente. “Deforestaron manglares para construir el puente y admitieron que no tenían el estudio de impacto. Las autoridades que se supone deben aplicar la ley han trabajado en complicidad”. El impacto sigue. La semana pasada se hundió una de las plataformas que sostiene una base del puente y tuvieron que rellenarla con piedras. 
Chacón no se opone al desarrollo, pero en su opinión el puente no es una prioridad en el parque. “¿Ese puente a quién beneficia? A los 300 camiones de las areneras que cruzan a diario”. La explicación del gobierno señala que la nueva estructura tendrá una capacidad de carga de 130 toneladas por las que podrán pasar las hélices para la instalación de un parque eólico en Macanao, una promesa que tiene por lo menos 15 años de espera.
Morrocoy exclusivo
A finales de de octubre el ministro Molina anunció la suspensión de los permisos que permitían la construcción de los complejos habitacionales Puerto Morrocoy y Puerto del Sol, en el parque nacional Morrocoy, en el estado Falcón.
Marlene Sifontes, secretaria de organización del Sindicato Unitario Nacional de Inparques, detalla que el complejo se construiría en 12 etapas. Se desconoce el nivel que alcanzó. “Aunque los edificios estarían fuera del parque, la zona de amortiguación está dentro. Es para un sector privilegiado que van a entrar en yates y va a dañar población animal y vegetal”, explica.
La actuación del ministro, sin embargo, fue tardía. Sunep-Inparques denunció que los manglares del borde sur del parque fueron talados para esta construcción, un ecosistema que ya está seriamente afectado por las descargas de aguas servidas sin tratamiento.  
La "privatización" de los cayos es otra preocupación recurrente en Morrocoy. Hace dos meses, los trabajadores del cayo Boca Seca denunciaron que el gobierno quería hacer uso exclusivo del cayo para clientes de Venetur. El ministerio de Turismo argumentó que los trabajos que se hacen en Boca Seca forman parte de la prueba piloto del Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico.
¿De quién es Inparques?
El ministerio de Ambiente fue degradado a viceministerio el 3 de septiembre de este año. En la Gaceta Oficial Nº 40.489 se informó de la fusión entre ese ente y el ministerio de Vivienda y Hábitat. A partir de enero debería disolverse completamente el organismo ambiental para pasar a ser parte del ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat.
El Instituto Nacional de Parques, que tradicionalmente había formado parte del ministerio de Ambiente, pareciera haber quedado en el limbo, al menos para los ambientalistas, dado que no se ha aclarado la estructura de la nueva cartera gubernamental ni de sus adscritos.
El instituto que regenta 23 parques nacionales y 16% del territorio recibirá 407 millones de bolívares, 0,5 % de lo asignado a la nueva cartera. A la ejecución de la tercera etapa del proyecto Guaire, que debió estar saneado este año y cuyos resultados aún no se aprecian, le asignarán más del doble de lo dado a Inparques para 2015.
“Podría quedar exactamente igual y depender del Ministerio del Ecosocialismo. Pero por ahí se han colado rumores que el ministerio de Turismo quiere aprovechar la reordenación para quedarse con Inparques”, asomó Arnoldo Gabaldón, primer ministro de Ambiente de Venezuela.
En la Ley de Presupuesto de 2015 se señala que el ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat mantendrá “la rectoría de las políticas públicas orientadas hacia la protección y manejo del sistema de parques nacionales, monumentos naturales, parques de recreación y reservas de aguas”.
Sin embargo, para Alejandro Álvarez, miembro de la Red de ONG Ambientales Ara, es preocupante que en los últimos meses todas las declaraciones relacionadas con el funcionamiento y los proyectos que involucran a parques nacionales hayan provenido del Ministerio de Turismo.
“Existen competencias legales claras de Min Ambiente sobre Inparques como órgano adscrito, pero cuando se revisa la prensa todas las declaraciones corresponden a Min Turismo, un organismo que no tiene competencias y que no está facultado para gestionar estas áreas”.
El turismo de bajo impacto es posible y se ha probado en muchos lugares del mundo, pero está demostrado que requiere inversión y altos niveles de planificación.

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